Xalapa, Ver
19 de noviembre de 2026.- Con el objetivo de garantizar la paridad de género y la representación política de grupos históricamente discriminados, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los criterios y plazos para el registro de candidaturas a diputaciones federales rumbo al Proceso Electoral Federal 2026-2027.
La resolución obliga a los partidos políticos nacionales y coaliciones a postular un mínimo de 54 fórmulas mediante acciones afirmativas, distribuidas en 34 espacios para personas indígenas, ocho para personas con discapacidad, cinco para migrantes residentes en el extranjero, cuatro para población afromexicana y tres para integrantes de la diversidad sexual.
Para asegurar una competencia equitativa entre géneros, el lineamiento establece que las fórmulas deberán integrarse por personas del mismo sexo, permitiendo combinaciones mixtas únicamente cuando la candidatura propietaria corresponda a un hombre y la suplencia a una mujer, mientras que en los registros impares el espacio sobrante se asignará a mujeres.
Asimismo, el organismo ordenó que las listas de Representación Proporcional encabezadas por hombres en la contienda de 2023-2024 sean lideradas por fórmulas femeninas en 2027, estableciendo el periodo de solicitud de registro del 22 al 29 de marzo de ese año, el aval definitivo para el 3 de abril y el 6 de mayo como fecha límite para renuncias con derecho a sustitución.
En el debate de la sesión, la consejera Carla Humphrey Jordan respaldó la continuidad de estos mecanismos para construir una democracia incluyente, aunque señaló que mantener exactamente las mismas cuotas del proceso pasado limita el principio de progresividad de los derechos humanos.
De manera complementaria, el pleno presentó un informe en cumplimiento a la sentencia SUP-JDC-338/2023 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, incorporando evaluaciones de la UNAM y El Colegio de México que advierten que, si bien estas medidas han elevado la presencia numérica de dichos sectores en el Congreso, persiste el reto de lograr una representación sustantiva que se refleje en presupuestos y reformas en beneficio de estas comunidades.